La Administración Pública contemporánea , como parte de la maquinaría estatal, tiene el papel de la realización y manutención del contenido esencial de los derechos fundamentales, a través de la realización de políticas públicas, en asociación o no con entidades privadas, empleando correctamente los recursos públicos que le son conferidos por la sociedad en general, para que se pueda proporcionar a los individuos, especialmente aquéllos que no tienen condiciones, o no las suficientes de poder ejercer autonomía y disfrutar de sus libertades básicas.
Los individuos tienen el papel de financiar conforme a su capacidad la construcción de una sólida base de recursos públicos y de exigir del Poder Público, especialmente a la Administración Pública, el correcto empleo de ese montante para la realización efectiva de dichos derechos.
Establecida esta relación, la sociedad y los individuos deben exigir del Estado, o él tiene la obligación de hacerlo, la adopción de medidas de manutención de la realización de los derechos, al fin de prestarlos con el objetivo de cumplir un mínimo existencial a través de programas genéricos o específicos de acuerdo con la vulnerabilidad de los sectores sociales, proporcionando el ejercicio de una dignidad sin retrocesos para cualesquiera persona. además el Estado también tiene la obligación de prestar cuentas a la sociedad, demostrándole que los recursos recaudados fueran correctamente previstos en el presupuesto para su uso en la realización eficiente de los derechos fundamentales.