El Libro Negro de la Fiscalía española refleja las vicisitudes de un Ministerio Fiscal, sometido a las “presiones” de sus superiores jerárquicos para actuar de una determinada manera, conculcando los criterios ajustados a derecho que el Fiscal de turno aplicaría.
Desgraciadamente para nuestro país, el artículo 124 de nuestra Carta Magna, una y otra vez, cuando entran en juego intereses o colisiones políticas, o del sistema financiero, no cumple con el deber constitucional de defender el interés público y la legalidad vigente.