El Tribunal Europeo de Derechos Humanos abordó, el 30 de junio de 2009, el problema de gran trascendencia en España, de si debe garantizarse la libertad a quienes aspiran a utilizarla para, desde ella, negar las libertades de los demás. En España se había dado aplicación a la Ley Orgánica de Partidos Políticos, la 6/2002, de 27 de junio, suspendiendo varios partidos, por considerarlos directamente vinculados a ETA, organización cuyos métodos y objetivos antidemocráticos son manifiestos, suspendiéndose alguna candidatura cuyas personas estaban vinculadas a esos partidos trataban de participar en opciones electorales.
Las correspondientes anulaciones, pronunciadas por el Tribunal Supremo y confirmadas luego en amparo por el Tribunal Constitucional fueron impugnadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de ahí que se esperara el veredicto con el mayor interés.